En los casos en los cuales los impuestos estatales o las leyes del medio ambiente no puedan ser puestos en práctica por falta de conocimientos o de control, la población local, como agrupación de intereses comunes, puede presionar en gran medida a los causantes de los problemas ambientales (control social), en especial cuando existen conflictos de uso común, como por ejemplo el agua para fines de irrigación o consumo humano. Sin embargo, al proceder de esta manera puede surgir desconfianza con los mineros, por lo cual hay que actuar con mucha sensibilidad.