El Estado tiene grandes dificultades en controlar el subsector de la pequeña minería, debido a:

• la localización aislada de un sinnúmero de pequeñas empresas

• la falta de leyes y normas aplicables al subsector

• la falta de personal capacitado

• la falta de infraestructura necesaria (movilidades, equipos, laboratorios, etc.)

• la negación del acceso por parte de las empresas / minas y en parte debido a la falta de voluntad del Estado de reconocer este subsector como realidad

La minería es una actividad que produce serios y múltiples impactos sobre el medio ambiente. Por esta razón, el interés público se ha enfocado en ella. Durante esta década la preocupación por problemas ambientales ha llegado a los niveles políticos en países desarrollados y en desarrollo. Como resultado, se han formulado leyes y fundado instituciones gubernamentales ambientales. La aplicación de estas nuevas leyes ha sido en general fácil en las empresas grandes y medianas privadas; sin embargo, muchos países no han podido incluir hasta ahora a la pequeña minería y minería artesanal en su sistema legal formal y en sus políticas nacionales ambientales. La pequeña minería se encuentra hoy en día más estancada en su situación de informalidad. En algunos países a los pequeños mineros se les:

• niega los permisos de operación

• retarda el proceso de aprobación de las solicitudes

• complica extremadamente los requerimientos administrativos.

En algunos países, para la pequeña minería es casi imposible obtener una legalización del gobierno, aunque en parte esto sea contrario a los fundamentos legales. Aun así, estas pequeñas empresas mineras siguen trabajando sin la seguridad legal requerida. Por un lado, esta política tiene como consecuencia que los mineros traten de evadir conscientemente el control del Estado y, por otro, no se sienten obligados a cumplir con las leyes vigentes, cometiendo infracciones contra leyes y reglamentos del medio ambiente, o de la seguridad industrial. Algunas de las empresas demuestran un comportamiento social y ambiental desastroso. Esta situación dificulta el trabajo de los proyectos de fomento –gubernamentales como no-gubernamentales– con tales empresas, ya que las mismas han creado un ambiente de desconfianza que solamente podrá ser superado aplicando medidas que cuestan tiempo y dinero. Estas medidas no podrán estar dirigidas inmediatamente a las mejoras ambientales en las empresas, y solamente serán aceptadas si el asesoramiento promete tener efectos de mayor producción, menores costos, u otras ventajas. Sólo a partir de esta base se podrán difundir algunos cambios respecto al medio ambiente.